Jacinto Robles Salazar.

Una nueva investigación federal, sumada a las ya realizadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), podría determinar la cancelación definitiva de la jubilación dinámica en la Universidad Autónoma de Sinaloa, o bien excluir del beneficio a quienes se nieguen a aportar cuotas a un Fondo Pro-Jubilación que permita conservar la prestación de retiro.

Este nuevo escenario se presenta en un contexto nacional en el que la presidenta de la República ha anunciado el impulso de una reforma constitucional orientada a eliminar privilegios pensionarios y jubilatorios, y ha señalado públicamente que, al retirarse de la vida pública, percibirá únicamente una pensión cercana a los 30 mil pesos mensuales. El mensaje es categórico: se acabó la era de las pensiones sin sustento financiero.

En ese marco, lo que durante años fue una disputa interna en la UAS ha escalado a una revisión política, jurídica y presupuestal con la intervención directa del Palacio Nacional.

La entrevista concedida recientemente por el abogado Berzahí Enciso a un medio de circulación nacional encendió alarmas: La exposición del esquema de doble jubilación activó mecanismos de evaluación en instancias federales que ahora califican su inviabilidad constitucional, su ilegalidad y su impacto en las finanzas públicas.

La posibilidad de cancelación es hoy un escenario tangible.

Frente a este panorama, la comunidad universitaria entró en estado de alerta. Las reacciones no han sido homogéneas. Las nuevas generaciones —quienes aún no gozan del beneficio y serían las principales afectadas por su eventual desaparición— han comprendido que este ya no es un momento de romanticismo sindical ni de consignas nostálgicas. Es una etapa de realismo financiero, corresponsabilidad y supervivencia institucional.

Durante años, un grupo de jubilados ha mantenido una postura cerrada: exige que los trabajadores en activo aporten recursos para sostener una prestación que ellos disfrutan, pero se niega a contribuir para su propio sistema de retiro. Peor aún, ha descalificado a las nuevas generaciones, a quienes peyorativamente denomina “los nuevos”, negándoles el derecho a acceder a los mismos beneficios.

Esa postura es excluyente. Es profundamente contradictoria.

Los actuales beneficiarios de la doble pensión no realizaron aportaciones suficientes para consolidar financieramente el sistema en su momento. Sin embargo, hoy demandan que otros lo hagan para sostenerlos. Quieren solidaridad, pero sin reciprocidad.

En 2015, el entonces rector Juan Eulogio Guerra Liera advirtió públicamente que, si los jubilados procedían judicialmente contra el Fideicomiso de pensiones —creado precisamente para dar viabilidad al sistema—, las nuevas generaciones quedarían sin protección. La respuesta fue lapidaria: “No es nuestro problema”. “Queremos nuestro dinero, aunque los demás se queden sin jubilación”.

El resultado fue previsible. La extinción del Fondo jubilatorio cerró cualquier posibilidad real de construir un sistema sostenible. La mezquindad se impuso sobre la visión de futuro.

Paradójicamente, esto ocurrió en una institución donde gran parte de los nuevos ingresos laborales se da por vínculos familiares. Ni siquiera esa cercanía generacional fue suficiente para frenar la cerrazón.

Hoy, con el esquema bajo escrutinio federal por su debilidad legal y presupuestal, insistir en mantener privilegios sin respaldo financiero solo acelera su colapso. Las nuevas generaciones lo saben.

Por ello, ha comenzado a circular con fuerza una consigna que sintetiza el hartazgo acumulado: “Si no aportan para su jubilación, que no se les pague su jubilación”. Puede sonar duro. Pero responde a la lógica básica de cualquier sistema moderno de seguridad social: no hay beneficios sin corresponsabilidad.

Sin aportación, no hay sostenibilidad. Sin sostenibilidad, no hay derechos adquiridos que sobrevivan.

Este no es un movimiento de venganza generacional. Es un reclamo de coherencia institucional. La Universidad no puede seguir siendo rehén de posiciones intransigentes que privilegian el beneficio inmediato sobre la estabilidad colectiva. No puede hipotecar su futuro para sostener esquemas financieramente inviables.

La supervivencia de la UAS exige equilibrio, responsabilidad compartida y visión de largo plazo.

Las nuevas generaciones ya han fijado postura: no están dispuestas a financiar beneficios para quienes se niegan sistemáticamente a contribuir.

Es una exigencia de justicia intergeneracional, porque, al final del día, en cualquier comunidad que aspire a perdurar, la regla es simple: «quien no aporta, no puede exigir»