Fernanda Montes Romo.

La Universidad Autónoma de Sinaloa vive un momento clave de su historia institucional. En medio de un contexto nacional que exige responsabilidad, visión y madurez, el rector doctor Jesús Madueña Molina y el gobernador doctor Rubén Rocha Moya han asumido, con seriedad y compromiso, la tarea de garantizar que la Casa Rosalina cumpla a cabalidad con todas sus prestaciones y compromisos. No es tarea menor: se trata de asegurar la estabilidad económica, laboral y moral de una de las instituciones más emblemáticas de Sinaloa.

El gobernador Rocha Moya lo ha dicho con claridad y sin ambigüedades en múltiples ocasiones: la reingeniería integral universitaria no es un capricho, sino una necesidad nacional, un proceso alineado con la política educativa federal que busca garantizar la sustentabilidad de las universidades públicas estatales. Avalado por el Consejo Universitario y respaldado por la inmensa mayoría de la comunidad rosalina, este proceso ha sido plural, democrático y profundamente responsable.

Hoy, los esfuerzos conjuntos del Gobierno del Estado y de la administración universitaria apuntan a un objetivo común: asegurar que cada trabajador y trabajadora universitaria reciba en tiempo y forma sus prestaciones, cerrar el ejercicio fiscal 2025 con estabilidad y, sobre todo, blindar el futuro financiero de la institución. En esa tarea no hay colores ni banderas; hay compromiso, gestión y resultados.

Sin embargo, y como ocurre siempre en momentos de transformación, no faltan los que buscan pescar en río revuelto. Un pequeño grupo de ex trabajadores jubilados, los mismos que hace más de una década sepultaron con demandas jurídicas el fideicomiso universitario de 2008, instrumento que habría permitido hoy tener un sistema de jubilaciones sólido, han vuelto a escena con la misma retórica de siempre: el discurso del odio, la manipulación y la mentira.

Este grupúsculo, que se presenta como defensor de los derechos laborales, en realidad ha sido uno de sus mayores verdugos. Se niegan a colaborar con el proceso de reingeniería que garantizaría la sostenibilidad de la prestación que ellos mismos disfrutan, y que haría posible que las nuevas generaciones también gocen de ese derecho. Es una contradicción tan evidente como lamentable: reclaman justicia, pero se oponen a la única vía que puede asegurarla.

Para colmo, acuden al Congreso del Estado con pancartas y consignas vacías, pretendiendo manchar con politiquería barata un proceso que ha sido transparente y ampliamente respaldado. Detrás de su falsa indignación hay intereses personales y económicos, pues muchos de esos líderes “sindicales” o “defensores” del trabajador tienen vínculos con despachos jurídicos que ven en el conflicto una oportunidad de negocio. Sus clientes, los universitarios que logran engañar, no lo saben, pero en cada demanda que interponen pierden no solo tiempo y estabilidad, sino también entre el 30 y el 50% de su dinero en comisiones.

La comunidad universitaria, madura y consciente, ya los conoce. Por eso, en la reciente consulta universitaria, miles de universitarios acudieron a las urnas para expresar su apoyo al proceso de reingeniería integral, respaldando no a una persona, sino a una visión colectiva de futuro. Ese mandato es claro: la Universidad Autónoma de Sinaloa no permitirá que unos cuantos agitadores, movidos por intereses mezquinos, desestabilicen lo que tantos han construido con esfuerzo y dignidad.

Hoy, el rector Jesús Madueña Molina y el gobernador Rubén Rocha Moya representan la alianza entre la responsabilidad y la sensatez. Juntos, están construyendo las condiciones para que la universidad siga siendo ejemplo de estabilidad, pluralidad y compromiso social.

Porque al final del día, los gritos de unos pocos jamás podrán opacar la voz de una comunidad entera que eligió avanzar con unidad, razón y esperanza.

La UAS no se detiene. La UAS se defiende trabajando. La UAS avanza con la fuerza de su gente.