Lo ocurrido este día en la explanada de la plazuela Rosales, frente al edificio central de la Universidad Autónoma de Sinaloa, no puede pasar inadvertido. Durante una reunión pública entre un grupo de jubilados universitarios y representantes del gobierno estatal, se registró un hecho tan preocupante como indignante: la presidenta de la Junta de Conciliación, Denisse Azucena Díaz Quiñones, desde el micrófono, atacó verbalmente a una reportera de Radio Universidad que cubría el evento.

Lejos de limitarse a un desacuerdo verbal, la funcionaria estatal la señaló como persona no grata, le exigió retirarse, pese a tratarse de un espacio público, y lo más grave: incitó a sus seguidores a que la expulsaran por la fuerza. La escena escaló de inmediato: la reportera fue rodeada, acorralada y prácticamente puesta en riesgo físico por un grupo enardecido que, alentado por la funcionaria, estuvo a punto de agredirla.

El episodio es delicadísimo por varias razones. Primero, porque se trata de violencia contra la prensa, un sector que en México ejerce su labor bajo permanente amenaza. Desde el año 2000 hasta la fecha, al menos 174 periodistas han sido asesinados en México en posible relación con su trabajo, según Artículo 19. Nuestro país figura entre los más peligrosos del mundo para ejercer esta profesión, solo por detrás de zonas de guerra abierta.

Segundo, porque ocurre en un estado que arrastra un clima de violencia sostenida. Sinaloa sabe lo que significa perder periodistas a manos de la violencia y la intolerancia. Basta recordar el asesinato en 2017 de Javier Valdez Cárdenas, fundador de Ríodoce y corresponsal de La Jornada, ejecutado en Culiacán por su labor periodística. Su crimen conmovió al mundo, y aún hoy es símbolo de la vulnerabilidad de quienes se atreven a contar la verdad en este estado. En ese contexto, un llamado público a la violencia por parte de una funcionaria estatal no solo es irresponsable: es inaceptable.

Tercero, porque hablamos de una representante del gobierno. La presidenta de la Junta de Conciliación, en su calidad de autoridad, tiene la obligación de garantizar y procurar el Estado de derecho, no de alentar linchamientos ni persecuciones. Y, sin embargo, lo que vimos fue exactamente lo contrario: intolerancia, sectarismo y la violación flagrante de garantías individuales.

Vale recordar, además, que no hace mucho tiempo Denisse Díaz Quiñones aspiraba a la rectoría de la UAS, prometiendo inclusión y respeto. Su actuación de hoy desnuda esa falsedad: enardecida, alentó a sus seguidores a agredir a una periodista cuyo único “delito” fue cumplir con su labor informativa.

Desde este espacio periodístico, hacemos un llamado enérgico:

Al gobierno de Sinaloa, para que sancione este tipo de prácticas y no permita que la intimidación sea norma.

A la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a las asociaciones de periodistas y a la sociedad sinaloense en general, para que intervengan y no permitan que este hecho se repita.

Pero el mensaje no puede quedarse en llamados tibios: una funcionaria que incita a la violencia contra la prensa no puede seguir en el cargo. La permanencia de Denisse Azucena Díaz Quiñones en la Junta de Conciliación se ha vuelto insostenible. Lo que vimos en la plazuela Rosales no es un error menor: es un atentado contra la libertad de expresión y contra el Estado de derecho.

Sinaloa ya pagó un precio altísimo con la vida de periodistas valientes como Javier Valdez. No podemos permitir que hoy, desde el poder mismo, se alienten agresiones que abren la puerta a nuevas tragedias.

La agresión de hoy no debe quedar en anécdota: debe marcar un antes y un después. Porque si se normaliza que una representante del gobierno incite linchamientos contra la prensa, lo que se erosiona no es solo la libertad de expresión, sino la esencia misma de la vida democrática.