Jacinto Robles Salazar.

El gobierno federal alista una nueva reforma para atender uno de los problemas más delicados y, al mismo tiempo, menos discutidos de las finanzas públicas: el gasto en pensiones. En esta ocasión, la atención recae sobre Petróleos Mexicanos y sus filiales, donde el pago a 14 mil ex trabajadores representa un costo anual de 28 mil millones de pesos. Dicho de otro modo: cada pensionado de Pemex le cuesta al erario cerca de dos millones de pesos al año.

La cifra no solo indigna por lo que significa en un país con profundas desigualdades sociales, sino porque refleja con crudeza lo que ocurre cuando un sistema de seguridad social se convierte en un mecanismo de privilegios. Mientras la mayoría de los trabajadores mexicanos se jubilan con pensiones reducidas vía las Afores, sin garantía de suficiencia ni estabilidad, en Pemex y en otras empresas productivas del Estado, subsisten sueldos y prestaciones exorbitantes que son insostenibles en el tiempo.

Pero lo más grave no es el gasto corriente. Lo que verdaderamente amenaza la estabilidad económica es el llamado pasivo pensionario, es decir, el monto total de compromisos adquiridos por el Estado con sus trabajadores y jubilados. No se trata de dinero que se gaste hoy, pero sí de una deuda que deberá pagarse durante décadas, mientras los beneficiarios sigan con vida. Y aquí los números son escalofriantes: el pasivo pensionario en México equivale a casi el 100 % del Producto Interno Bruto.

Estamos, literalmente, frente a una bomba de tiempo.

El caso Pemex ilustra el dilema en su versión más aguda: una empresa con ingresos cada vez más presionados, que arrastra una deuda de más de 100 mil millones de dólares y que, al mismo tiempo, debe sostener un esquema de pensiones que drena recursos públicos. Lo que está por verse es si la reforma que impulsa el gobierno será un ajuste técnico o una cirugía mayor. Porque lo que está en juego no es solo la nómina de jubilados de la petrolera, sino la capacidad misma del Estado para financiar la seguridad social de millones de mexicanos en el futuro.

En el fondo, la pregunta es una: ¿es posible sostener pensiones vitalicias con montos tan desproporcionados, mientras la mayoría apenas alcanzará a vivir con lo que logre ahorrar en su Afore? El contraste es brutal y, si no se corrige, se convertirá en una fuente de desigualdad todavía mayor.

No se trata de desconocer derechos adquiridos, sino de entender que el país no puede seguir cargando con privilegios que ponen en riesgo a todos. Las finanzas públicas requieren un rediseño urgente del sistema de pensiones: más justo, más equitativo y, sobre todo, sostenible. De lo contrario, las próximas generaciones heredarán un Estado quebrado, hipotecado no por sus inversiones en desarrollo, sino por el costo de mantener esquemas de retiro que ya no corresponden ni a la realidad económica ni a la justicia social.

México está a tiempo de encarar el problema. Lo que no puede permitirse es seguir pateando la lata, porque cada año que pasa, el pasivo pensionario crece como una sombra que amenaza con devorar el futuro.