Jacinto Robles Salazar.

En la UAS se ha expresado oficialmente que se hará el pago de la prestación de la prima vacacional al personal activo y jubilado con derecho, una vez que se cuente con los recursos necesarios, lo cual ya se está gestionando.

Pero para aquellos que demanden la prestación en cuestión, lo único que les quedará seguro son dos cosas. Primero, es que tendrán que pagar abogado y seguir enriqueciendo a los despachos jurídicos y los pseudo defensores que promueven injustificadamente las demandas, buscando por supuesto su comisión. Y segundo, desde luego no se les podrá pagar al igual que los demás que confíen en la administración y el Sindicato sino, hasta que concluya la demanda si existiera posibilidad de ganarla (lo dudamos mucho por jurisprudencia qué hay al respecto).

Analicemos con mayor precisión: La Universidad Autónoma de Sinaloa enfrenta una etapa crítica donde la madurez, la unidad y la responsabilidad colectiva deberían ser el eje rector de toda acción institucional. Sin embargo, cuando más se necesita actuar con sensatez, resurgen los mismos actores que históricamente han optado por el conflicto como única vía, repitiendo su ya conocido guion: sembrar discordia, engañar a los suyos y convertir los problemas comunes en oportunidades personales.

Nos referimos, una vez más, a la Asociación de Jubilados, encabezada formalmente por Florina García y dirigida en los hechos por Marco Antonio Medrano Palazuelos. Esta dupla, que durante años ha utilizado a la organización como un instrumento político y financiero personal, ha emprendido ahora una nueva campaña: inducir a las y los jubilados a presentar demandas laborales individuales contra la Universidad por el pago de la prima vacacional.

A primera vista, podría parecer una acción legítima. Pero cuando se observa con detenimiento el trasfondo, queda claro que se trata de un movimiento calculado, sin sustento, que lejos de beneficiar a los jubilados, los pone en riesgo real de perder el acceso a ese derecho, al menos en el corto y mediano plazo.

Y es que, desde el punto de vista jurídico-laboral, el asunto es muy claro: cuando un trabajador activo o jubilado judicializa una prestación, es decir, la demanda ante tribunales laborales, la institución ya no puede resolver el tema por la vía administrativa o por negociación directa. El caso entra en un proceso judicial formal, y cualquier pago posterior podría interpretarse como una admisión anticipada de responsabilidad o interferencia procesal, lo cual podría incluso generar responsabilidades legales para la parte patronal.

En términos concretos: todos aquellos jubilados que decidan presentar una demanda por la prima vacacional deberán esperar a que su juicio concluya, lo cual podría tomar años, sin la certeza de obtener un resultado favorable. Mientras tanto, quienes no demanden sí podrían recibir el pago una vez que la Universidad cuente con los recursos, los cuales, dicho sea de paso, ya están siendo gestionados activamente por el rector Dr. Jesús Madueña Molina ante instancias federales y estatales, con el respaldo del SUNTUAS y de diversas autoridades comprometidas con la estabilidad de la UAS.

Lo más indignante es que Medrano y su grupo conocen perfectamente esta consecuencia. Saben que, al elevar el tema a instancias judiciales, imposibilitan una solución administrativa para los jubilados demandantes. Aun así, promueven las demandas sin informar con claridad, sabiendo que esto perjudicará directamente a quienes confían en ellos. ¿La razón? La de siempre: mantener viva la confrontación y canalizar los casos a despachos de abogados cercanos a su grupo, con los que históricamente han lucrado a través del cobro de honorarios y comisiones, como ya ocurrió con el colapso del fideicomiso de la jubilación dinámica.

Quien no recuerde ese episodio, debería hacerlo con atención: entre 2008 y 2015, la UAS construyó una solución real y viable para sostener la jubilación dinámica a través de un fideicomiso que garantizara el pago futuro de esa prestación. Fue el esquema más sólido en su tipo en el país. ¿Qué hizo el grupo de Medrano? Lo combatió en tribunales, promovió una oleada de demandas, generó desconfianza y desinformación, y acabó por destruirlo. El resultado fue devastador: una generación completa de universitarios (los ingresados después de 2016) quedó fuera de ese derecho, y hoy, quienes lo conservan, lo hacen en medio de enormes tensiones financieras.

Hoy, la historia se repite. La única diferencia es que ahora el grupo no solo pone en riesgo una prestación, sino que está dispuesto a sacrificar a los propios jubilados con tal de mantener su poder político, de usar la Asociación como plataforma de chantaje y de asegurar ingresos vía cuotas legales y manejos opacos de la caja de ahorro.

Porque no hay que olvidarlo: la Asociación de Jubilados no se ha conducido con transparencia ni apertura democrática en más de 15 años. La presidencia de Florina García ha sido un ejemplo de cacicazgo institucionalizado, sostenido por la manipulación interna y la exclusión de cualquier intento de renovación. Se exige democracia fuera, pero se practica la dictadura dentro. La caja de ahorro de la Asociación se ha convertido en un instrumento de control financiero, con préstamos altos y reparto de utilidades entre unos cuantos, sin informes públicos ni fiscalización. ¿Y ahora quieren presentarse como paladines de la justicia?

Es momento de preguntarse con seriedad:
¿Permitirá la comunidad jubilada ser utilizada nuevamente como herramienta política de Medrano y su grupo?
¿Caerán otra vez en el engaño, aun sabiendo que las consecuencias las pagarán ellos mismos, no los abogados ni sus operadores?
¿Seguirán apostando por el conflicto y la judicialización como única vía, o se sumarán al esfuerzo colectivo que hoy impulsan la Rectoría, el Sindicato y las autoridades estatales para resolver de fondo los grandes desafíos de la UAS?

Lo que está en juego no es una prima vacacional. Es la viabilidad de los derechos adquiridos, la relación institucional con los jubilados y la posibilidad de preservar un esquema solidario de retiro para las futuras generaciones universitarias.

Los que hoy insisten en dividir, litigar y manipular no representan a la comunidad jubilada. Representan intereses mezquinos, ambiciones personales y el negocio de siempre. La Universidad, en cambio, necesita unidad, sensatez y compromiso. No discursos incendiarios ni liderazgos envejecidos en el poder.

Porque hay una diferencia sustancial entre luchar por los derechos y vivir de los conflictos. Y ya va siendo hora de que esa diferencia se diga, se entienda y se actúe en consecuencia