Jacinto Robles Salazar.
La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), una de las instituciones educativas más emblemáticas del noroeste del país, enfrenta actualmente una encrucijada que pone a prueba no solo su estabilidad financiera, sino también el compromiso social que ha asumido en los últimos años: la universalidad en el acceso a la educación superior.
El proyecto de garantizar que ningún aspirante quede fuera de las aulas universitarias es un paso valiente y profundamente transformador, alineado con el espíritu de justicia social que el país necesita. Sin embargo, esta decisión histórica también ha traído consigo una serie de retos estructurales que deben abordarse con visión, madurez política y corresponsabilidad institucional.
La situación financiera de la UAS no es producto de una sola causa, ni puede explicarse a través de un análisis simplista. Se trata de una problemática multifactorial, donde confluyen el crecimiento de la matrícula, el estancamiento en los presupuestos federales y estatales, y las crecientes necesidades operativas y laborales de una universidad que ha crecido con rapidez para responder a su misión social.
A este panorama se suma una política institucional con enfoque humanista que ha privilegiado, de manera sostenida, la basificación y promoción del personal académico y administrativo, reconociendo en ello no solo un acto de justicia laboral, sino también un elemento estratégico para garantizar calidad y continuidad en el quehacer universitario. Además, la Universidad ha asumido, sin recursos etiquetados para ello, el pago de nóminas a personal jubilado, lo cual representa cerca del 30% del presupuesto ordinario. Esta situación ha sido incluso observada por auditorías, pero el rector, Dr. Jesús Madueña Molina, ha priorizado, con pleno sentido de responsabilidad institucional, el cumplimiento al contrato colectivo de trabajo, conscientes de que este sector representa una parte invaluable del legado y funcionamiento de la UAS.
Hoy, este esfuerzo por no excluir a ningún joven sinaloense ha generado tensiones financieras que podrían impedir el pago íntegro de la prima vacacional, uno de los compromisos contractuales más sensibles con su personal académico y administrativo. El rector ha intensificado las gestiones ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) en busca de soluciones que permitan sortear este obstáculo inmediato.
Cabe reconocer, con sentido de justicia, el respaldo institucional tanto del gobernador Rubén Rocha Moya como de la presidenta Claudia Sheinbaum, quienes han expresado su compromiso con la educación pública y la defensa de las universidades estatales. Este acompañamiento no solo brinda un respiro a la administración universitaria, sino que también refleja la voluntad política de fortalecer a las instituciones que son pilares del desarrollo regional y nacional.
No obstante, esta situación exige mucho más que gestiones coyunturales. La magnitud del reto obliga a todos los sectores, académico, político, empresarial y social a sentarse con madurez y voluntad para evaluar de manera seria y técnica los caminos a seguir. Se requiere una planeación financiera de mediano y largo plazo, esquemas de colaboración interinstitucional, y un compromiso auténtico con el fortalecimiento estructural de la UAS.
Ignorar la urgencia de estos ajustes nodales sería condenar a la universidad a repetir, en ciclos cada vez más severos, crisis que no solo afectan a sus trabajadores, sino que también ponen en riesgo el derecho a la educación de miles de jóvenes.
Hoy, más que nunca, la Universidad Autónoma de Sinaloa necesita del respaldo inteligente y comprometido de la sociedad sinaloense. Es momento de dejar de lado las diferencias personales y construir, desde el diálogo y el consenso, las soluciones que garanticen que la universalidad no sea una utopía, sino una política pública sostenible.
Porque si no se actúa con responsabilidad, visión de Estado y firmeza, lo que hoy es una alerta podría mañana convertirse en una fractura difícil de remediar.
